Autor: oteroarte

APGU renueva su compromiso por una atención integral de las vejeces

Compartimos la Proclama de REDAM (Red de personas mayores)

Este año hemos celebrado la quinta sesión en la Cámara de Representantes como diputados por un día y queremos repetir lo que allí dijimos: REDAM busca la plena vigencia de la Convención Interamericana para la Protección de los DDHH de las Personas Mayores ratificada por la ley 19.430 de 2016. No a la violencia, a la discriminación y al maltrato por ser mayores. No es moverse unos días porque hubo muertos en los Elepems, se necesitan medidas a largo plazo. Medidas legales, educación y fiscalización. Así como acelerar la integración y puesta en funcionamiento de la Comisión de Seguimiento de la Convención a nivel OEA. Como a toda la sociedad nos preocupa la salud mental. Amén de los problemas de atención de salud en general, largas esperas, costo de los tickets o discriminación por edad; la salud mental es un capítulo aparte por su incidencia en la salud integral de la persona y de su familia. Los mayores están muy arriba en la lista de suicidas. Reforcemos la atención primaria y aumentemos los centros de día o similares. Reforzar y ampliar el sistema de cuidados también nos parece crucial cuidando especialmente la formación efectiva de los cuidadores. El derecho a la participación en los niveles de decisión es fundamental. Nos referimos a integración en redes por la defensa de los derechos, participación en los consejos consultivos y otras comisiones de contralor y ejecución que deben ajustarse a sus denominaciones y no ser meros ámbitos informativos de las políticas ya aplicadas, Inmayores necesita más recursos y funcionar con la independencia debida a un instituto, viene funcionando como una mera secretaría. Las personas a cargo de Inmayores deberían poseer conocimientos sobre el área específica de trabajo, como lo establece su ley de creación.. Los tiempos de la justicia muchas veces hacen que ella pierda su carácter de tal. La justicia es lenta para todos y esa misma lentitud puede darle un cierto margen de seguridad pero recuérdese que el tiempo para las personas mayores apremia y las demoras suelen posibilitar que la muerte o la invalidez. permanente lleguen antes que la justicia necesaria. Celebramos la puntualidad y regularidad en los pagos de las prestaciones económicas a las personas mayores y reconocemos que, comparativamente al resto de América, nuestro país está bien posicionado en cuanto al número de personas cubiertas por esas prestaciones en relación a la cantidad total de personas mayores pero debemos resaltar que las cantidades asignadas en los niveles más bajos son ridiculamente inferiores a lo que las propias autoridades establecen como canasta básica. Que esta fecha no sea una simple oportunidad para una movida de prensa y unas cuantas fotos sino un fuerte empujón al establecimiento y ejecución de políticas que contribuyan al bienestar de todas las personas mayores de este país.

Necesitamos ser tenidos en cuenta por el sistema político como fuerza de votantes que somos numéricamente significativa y que todos los presidenciables firmen un compromiso con nosotros que hasta la fecha solo los candidatos de Cabildo Abierto y del Frente Amplio han firmado.

Declaración REDAM (Red de Personas Mayores)

REDAM ANTE LA GESTIÓN DE GOBIERNO EN POLÍTICAS
PARA LAS PERSONAS MAYORES

Ante una nueva conmemoración del Día Internacional de las Personas de Edad y en el marco de las actividades que se celebran por ese motivo Redam Uruguay realiza algunas puntualizaciones.
El Instituto Nacional de las Personas Mayores ha estado omiso en el cumplimiento de buena parte de los cometidos que legalmente le competen. Los continuos cambios de dirección han desdibujado el rumbo de la acción máxime teniendo en cuenta que ninguno de los directores ha entrado a la función con un conocimiento cabal de la temática. La participación de la sociedad civil en general y muy especialmente la de nuestra red ha sido reiteradamente obstaculizada y minimizada, contrariamente a lo establecido en la Ley 19.430 vigente en materia de vejez y envejecimiento. El Consejo Consultivo ha sido convocado en contadas ocasiones cuando debería serlo cada dos meses y solo para recibir información de lo ya realizado o resuelto por el Instituto siendo ignorada su función de consultivo tal y como lo establece la ley 18.617: a todo ello súmase la baja participación de otros organismos integrantes del mismo. Varios departamentos permanecen sin Referente Territorial si bien se prometió desde el primer momento que habría uno para cada uno. Se han prometido llamados que no han cerrado y los Referentes Territoriales que vienen trabajando lo hacen sin directivas claras de modo que en el contacto con la sociedad civil están muchas veces librados a sus propias iniciativas, debiendo además cumplir funciones administrativas que insumen parte de su tiempo. La elaboración de un Tercer Plan de Envejecimiento y Vejez se ha venido postergando de modo que estamos al borde del último año de gestión sin que se haya definido en forma integral la política pública en esta materia. Reconocemos un buen trabajo de parte de AGESIC pero este se limita al área de tecnología que compete a dicha agencia y sus planes en ningún caso pueden sustituir al plan general que debiera elaborar el Instituto. Reconocemos también la apertura de UDELAR en sus organismos especializados en estos temas pero la concreción de los
trabajos no tiene el suficiente apoyo económico e institucional quedando en la mayoría de los casos librado a la buena voluntad de los docentes e investigadores. También hemos trabajado junto a la Institución Nacional de Derechos Humanos y junto a la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República, sistema que en nuestra opinión dispersa los esfuerzos y desdibuja los resultados generales. La participación internacional de nuestra red ha estado condicionada por la falta de información desde el Instituto o la entrega de la misma con muy poco margen para la acción. Los viajes realizados por compañeras con estos fines nunca contaron con ningún apoyo oficial siendo que han estado representando al país. En el orden institucional a nivel internacional puntualizamos además la necesidad de acelerar la integración de la Comisión de Expertos para el monitoreo del cumplimiento de la Convención Interamericana para la Protección de los DDHH de las Persona Mayores cuya presidencia corresponde a Uruguay. El pedido de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores oportunamente realizado no ha sido respondido mientras los plazos formales para la creación de la Comisión corren y se van aproximando a su vencimiento. Cumplir este paso es fundamental para garantizar el verdadero cumplimiento de la citada Convención a la cual nuestro país adhiriera en 2016.
El gobierno central y el Ministerio de Desarrollo Social han relegado a nuestro colectivo priorizando a la infancia y adolescencia, no desconocemos las necesidades de estos grupos pero reivindicamos nuestro lugar. Ninguno de los ministros hasta el momento nos ha concedido una entrevista pese a haberlo solicitado reiteradamente. Apenas se logró algún contacto con funcionarios que no tienen poder de decisión. La falta de recursos económicos y humanos es patente y es esgrimida constantemente como justificativo para no cumplir tareas que debieran cumplirse.
Queremos recordar además que INMAYORES estuvo a punto de perder la jerarquía de Instituto pasando a ser una Secretaría y fue REDAM quien se puso al hombro la tarea de hacer los contactos con los actores políticos apoyándose además en una movida de prensa a nivel nacional para lograr que se mantuviera como Instituto, Si embargo en la práctica ha funcionado más bien como Secretaría con alta dependencia del MIDES y sujeto a los recortes impuestos desde allí.
Reivindicamos mayor participación de la sociedad civil en la toma de decisiones y volvemos a pedir la definición de políticas públicas
integrales para las personas mayores que enfoquen a estas personas como seres bio-psico-sociales saliendo del paradigma meramente biologicista y asistencialista hacia el cual se han venido perfilando nuestras autoridades que los aleja del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por ONU para este decenio.
Montevideo, 29 de setiembre de 2023